Resumen sobre la Problemática de la Protección de los espacios marinos y costeros y de la Implantación de la Directiva Hábitats 92/43/CE en España

Introducción

Se puede afirmar sin ninguna duda, que el litoral español sufre una agravante pérdida de recursos naturales, así como una alteración de la dinámica de los ecosistemas que se traduce en una pérdida de biodiversidad biológica y un proceso erosivo del litoral, en muchas ocasiones como consecuencia de un incumplimiento contínuo de la legislación ambiental en vigor.

La Red Natura 2000, se presenta como una nueva oportunidad de llevar a cabo una buena gestión y ampliar las zonas de protección en la costa, y puede venir a ser una herramienta de lo más útil para la adecuada aplicación de la Ley de Costas. Sin embargo, pese a ser la mayor iniciativa creada a nivel comunitario (CE) para la conservación de la costa y el mar; por el momento su implementación en este medio es muy inferior a la terrestre y por tanto necesita tenerse más en cuenta por parte de los Estados Miembros. A continuación, se detallan los problemas identificados durante la elaboración de la tesina;

Identificación de los Lugares de Interés Comunitario y su Gestión

En un principio, no se tenía muy claro el límites y alcance de la Directiva en el medio marino debido a la falta de claridad con respecto al término “aguas territoriales” que viene en la Directiva. La Comisión declaró que la directiva se aplicará a hábitats marinos y especies localizados en aguas territoriales (máximo de 12 millas náuticas) y, además, si un Estado Miembro ejerce también derechos de soberania sobre la Zona Económica Exclusiva (de 200 millas náuticas), se considerará que dicho estado tendrá competencias para reforzar leyes nacionales en esa área, y por tanto aplicará la Directiva Hábitats bajo este dominio.

Los procedimientos para la elección de la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LICs) también han sido elaborados enfocándose en el medio terrestre (el SIG creado), y estos pueden no ser apropiados aplicados al medio marino o litoral. Esta puede haber sido una de las causas de que falten hábitats marinos por incluir en la Directiva (7 según las conclusiones generadas en el Seminario de Morecambe sobre “La Implementación de la Directiva Hábitats en el Medio Marino y Costero”, así como especies a añadir en el Anexo II (como la marsopa, según comunicó la Sociedad Española de Cetáceos en la última reunión en España sobre la propuesta de LICs marinos.

Con respecto a la propuesta de LICs en el DPMT, existe una carencia muy importante en relación a la zona marítimo- terrestre. Ya que se han incluido zonas terrestres y zonas marinas pero muy pocas zonas de DPMT. Este hecho deja esta franja costera de tal valor ecológico sin protección, es más; al ser los terrenos contiguos a la zona de DPMT declarados como LICs, los planes y proyectos a realizar en estos se desplazarán por imposibilidad, a las zonas de costa que no estés protegidas con lo que la posibilidad de agresión de esta franja (DPMT) se multiplica Esta carencia de protección es particularmente grave cuando afecta a hábitats como las praderas de posidonia y a sp. Como el delfín mular y la tortuga boba.

Hay por lo menos dós hábitats listados en el Anexo I de la Directiva que se encuentran más allá de las 12 millas náuticas. Estos hábitats son acantilados marinos (código 1170) y bancos de arena sumergidos (código 1110) (ver Anexo ). Otro hábitat también incluido en la Directiva son las estructuras submarinas hechas por gases disueltos. Además, existen varias especies incluidas en el Anexo II que cohabitan estas aguas fuera del mar territorial como puede ser el caso del delfín mular, la foca monje y la tortuga boba, además de especies de Aves amparadas bajo la Directiva 79/409/CEE.

Muchas especies marinas incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CE y en la Directiva 79/409/CEE son migratorias. Estos organismos recorren muy largas distancias que hacen aún más difícil identificar y hacer estas limitaciones
La Contaminación marina, tanto por vertidos terrestres como los realizados desde buques, son un problema a la hora de proponer LICs, ya que esta contaminación es casi imposible de controlar (y menos si no se aplica la normativa) y se tiende a dispersar con mucha facilidad sobre amplias áreas.

Una Gestión Integrada

La experiencia reciente sugiere que una gestión integrada que envuelva la participación de las distintas actividades, es la clave para una gestión apropiada para el progreso de áreas marinas y costeras.

El planteamiento establecido en el Art. 6 de la Directiva 92/43/CE no suele cumplirse. Esto trae consigo que cualquier obra que se declare como interés público, (la mayoría de los que decide el Gobierno), estará por encima de la protección contemplada para espacios de la Red Natura 2000, ya que las expresiones “Perjudicar la integridad del espacio”, “inexistencia de soluciones alternativas” y “razones imperiosas de interés público”, evitan declarar prohibidas a priori cierto tipo de planes y proyectos.

Incumplimiento de la Legislación

A nivel Internacional, se ha generado tal complejidad de acuerdos e instituciones en relación a la protección del medio, que se esta dificultando la propia gestión que se intenta regular. Este efecto, se llega a sentir incluso en las estructuras nacionales.

En España, hay una completa ausencia de prevención y planificación de actuaciones sobre la costa y de los riesgos que pueden ocasionar. En la actualidad hay el suficiente conocimiento científico y técnico sobre la costa y su dinámica, pero no se aplica. Por lo que se considera prioritaria una recopilación de información (centros de investigación, universidades etc...) a una inversión en investigación, ya que esta en algunos casos puede que ya se haya investigado al respecto y no se sepa.

Con la Ley 4/89, no se traspone adecuadamente la Directiva Aves, así como el Real Decreto 1997/1995 tiene defectos graves por lo que no puede considerarse una transposición correcta.

La ley de costas podría llegar a ser una herramienta suficiente para proteger la costa si se cumpliera. Sin embargo las medidas para llevar a cabo su cumplimiento son en la mayoría de los casos escasas e insuficientes. A continuación se representan algunos de los incumplimientos que se consideran como más graves:

• El deslinde del DPMT, plantea una serie de dificultades que conviene resaltar;
  • En primer lugar, se puede decir que por la definición del DPMT en el Art.3.1, no es fácil determinar dichos límites a la hora de saber que terrenos pertenecen al DPMT y cuales no debido a la temporalidad de la línea de costa.
  • Existe una superposición de competencias entre el derecho público y el derecho privado como la definición de propiedad, que no en pocos deslindes ha entrado en conflicto en especial cuando la ocupación del DPMT ha sido consolidada con la inscripción en el registro de la propiedad.
  • Problemas también a la hora de coordinarse las diferentes administraciones implicadas, los particulares afectados y cualquier interesado en intervenir.


• La regulación de muchas de las actividades económicas que afectan al litoral están repartidas territorialmente (Administracion general, local y regional) y sectorialmente (agricultura, turismo, uranismo, energía, medio ambiente etc...) provocando una falta de coherencia en la mayor parte de las actuaciones que se realizan.



• La desafectación es otro motivo de polémica, se produce cuando los elementos de DPMT por cualquier causa hayan perdido sus características naturales de playa, acantilado o DPMT. Así cuando una zona costera se degrada caben dos soluciones, regenerar la zona degradada o proponer la desafectación de esa porción. Esta última postura, supone una importante amenaza para la conservación del Litoral, pues visto así, el litoral español iría perdiendo terreno. Además, esta degradación se puede producir por actividad del hombre o por la naturaleza. La declaración de que esos bienes que se pretenden desafectar no son necesarios para los fines a los que se vincula el DPMT, es exigencia suficiente para no proceder nunca a la desafectación.



• Como la propia Ley de Costas indica, quedan fuera del ámbito de aplicación Los puertos del Estado (que se rigen por la Ley de Puertos de interés general), y los puertos de las Comunidades Autónomas (en virtud de sus respectivos estatutos). Con lo que los efectos perjudiciales que estos lugares ejercen sobre el DPMT, quedan exentos de protección (Ej. erosión).

Resulta sorprendente que la legislación urbanística estatal nunca con anterioridad estableciera una protección especial para los espacios costeros. Sobre todo teniendo en cuenta que España es un país eminentemente turístico. Estos espacios se han ido urbanizando de una forma masiva. Es evidente, que tampoco las CCAA hicieron nada para evitarlo al asumir las competencias de Ordenación del Territorio y de urbanismo.

Tanto el Estado como la Comunidad Autónoma pueden proteger aún más los espacios litorales a través de su legislación. Pero el problema, mas que una falta de legislación, es su incumplimiento. El terreno contiguo al DPMT es el más demandado y donde mayores precios alcanza el mercado mobiliario. El problema es también la financiación de las corporaciones locales, parte de esta financiación, sobre todo en pequeños municipios se nutre en las licencias de obras y proyectos urbanísticos en el litoral. Por otro lado, cierto es que las CCAA tampoco tienen muchas competencias para fiscalizar ayuntamientos. El problema, no se resolverá restringiendo competencias municipales.